Dice a la letra el artículo 134 constitucional: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. La anterior disposición entró en vigor el 13 de noviembre de 2007, cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los cambios a la Constitución como producto de la reforma electoral que el Constituyente Permanente llevó a cabo.

Por su parte la ley reglamentaria, esto es, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), define en el numeral cinco de su artículo 228: “Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral”. Es decir, el nombre, la imagen, la voz o algún símbolo que identifique a un gobernante sólo podrán aparecer en la propaganda gubernamental a propósito de su informe de gobierno, siete días antes y cinco después de ese evento anual, y exclusivamente en las estaciones y los canales locales.

El Cofipe puede ser menos categórico que la Constitución, y darles un breve paréntesis anual a los gobernadores para que desplieguen campañas de comunicación social con su imagen, pero ese levantamiento de la veda es de unos cuantos días y en los medios de comunicación electrónica locales. Nada más.

No obstante, el jueves 28 de febrero, la semana pasada, durante la transmisión de “El Noticiero” con Joaquín López Dóriga en el canal 2 de Televisa, se emitió un anuncio del gobierno de Tamaulipas, donde se mencionó al gobernador, Eugenio Hernández Flores, y se pasaron imágenes suyas en un evento del DIF local con personas de la tercera edad, donde la esposa del mandatario, Adriana González de Hernández, fue oradora, por lo que también escuchamos parte del mensaje de la señora. Al final del anuncio, apareció brevemente en pantalla el escudo de aquella entidad federativa. No se trataba, como permite el Cofipe, de la promoción o glosa del Informe de Gobierno del mandatario en Tamaulipas (que, por cierto, se celebra al final del mes de noviembre), ni el Canal 2 que se transmite a toda la República mexicana desde la capital del país es un canal local. A diferencia de lo que viene ocurriendo con las frecuentes menciones a mandatarios como Enrique Peña Nieto del Estado de México y como Marcelo Ebrard de la capital, en el caso que refiero el promocional del gobernador tamaulipeco no se intentó presentar como noticia; en todo caso se trató de un “infomercial”, es decir, información de un acto público vuelta propaganda, que resulta claramente violatoria de la Constitución al ser un instrumento de (auto)promoción personal.

En el pasado reciente, gobernadores como Arturo Montiel gastaron ingentes sumas de dinero público para promover sus proyectos políticos personales. Ese tipo de excesos en el manejo de las arcas públicas, cuyo contenido se transfería directamente a las empresas de la radio y televisión, propició la reforma constitucional que se plasmó en el artículo 134 para que los gobernadores no puedan utilizar su cargo en búsqueda de otros nuevos y a costa del erario público.

En la campaña de 2006 fuimos testigos además de violaciones a lo que la ley disponía en materia de compra de publicidad en radio y televisión con fines políticos. El Consejo Coordinador Empresarial desplegó una agresiva campaña contra López Obrador, violando entonces el Cofipe, tal como determinó la máxima instancia judicial en materia electoral en el país. Pocos han reparado en que esa falta del CCE tuvo un cómplice directo: los concesionarios que permitieron la emisión de esa campaña prohibida por la ley. El legislador, ante tan flagrante alteración de la norma secundaria, decidió llevar a la Constitución la restricción para la compra de publicidad electoral por parte de terceros.

En el episodio del anuncio del gobernador de Tamaulipas hay, al menos, dos actores que violan la Constitución: el que compra lo que no está permitido y el que vende lo que tiene prohibido vender, publicidad a favor de la persona de un gobernante. Una sanción oportuna y aleccionadora resulta indispensable. Antes de que gobernantes y televisoras hagan de las modificaciones a la Constitución papel mojado.

Ciro Murayama

publicacion de la revista electronica etcétera.
Este texto se publicó el viernes 07 de marzo de 2008 en el periódico La Crónica.

http://www.etcetera.com.mx/pagmurayama01ne89.asp

COMENTARIO:

Si bien es cierto Televisa es una empresa poderosa, pero en este tema que se cree para poder intentar cambiar la ley.

a esto deberían poner una sanción tanto a la empresa que difunde este tipo de publicidad como al que hace la publicidad, pues después todos se agarraran de eso para seguir infringiendo la ley.

fue por algo que se implemento una ley y en ella se dice claramente que solo se usara propaganda para dar su informe de gobierno siete días antes y cinco después del evento.

no se debe permitir este tipo de infracciones a la ley, pues si se pasa desapercibido se seguirá infringiendo sin ninguna pena.

Ya vasta de fingir que no pasa nada si solo pasa una vez, que se pague una multa y que no vuelva a pasar, de lo contrario que se vuelva a multar al o a los culpables para que se respete la ley.

Carolina Aibaras

El problema de la censura en nuestro país va mucho más allá de una situación de coyuntura que, dicho sea de paso, también puede ayudar a reposicionar a las supuestas víctimas, más visibles (y famosas) de este fenómeno.

Una definición de “censura” es: ”la utilización del poder por parte del Estado o de cualquier grupo de interés para impedir el ejercicio de la libre expresión” (Raúl Trejo Delarbre, “Aristegui fuera de W” en emeequis, 102).

La decisión de censurar emana de grupos de poder, pero se consuma cuando los medios o los autores deciden no expresar en voz alta sus opiniones o inhibirlas, por miedo a represalias.

La consecuencia es que, obviamente, al final no nos enteramos de la información censurada, pero lo peor es que el abanico de alternativas a que debiéramos tener derecho los consumidores de medios en esta “economía de mercado” se va estrechando de manera tal que prácticamente da igual qué canal sintonicemos.

La censura de los anunciantes

En 2003, la Procuraduría Federal del Consumidor impuso la mayor multa de su historia a Teléfonos de México por haber instalado cientos de miles de “buzones de voz” en Guadalajara sin pedir permiso a los usuarios. Telmex alegó que se trataba de un servicio gratuito pero, para la autoridad, ese acto constituyó un caso de “aceptación tácita” fuera de la ley. Pocos comunicadores difundieron entonces esa información en el DF y se atrevieron a criticar a la poderosa telefónica. A decir de algunos de ellos, eso significó que la empresa les retirara temporalmente su publicidad –desde ahora el autor de estas líneas reconoce que está censurando los nombres de quienes padecieron esa represalia, no vaya a ser que se repita.

Es difícil probar hasta qué punto los medios aceptan imposiciones editoriales de sus patrocinadores pero no cabe duda que el uso de la publicidad de los grandes anunciantes es una fuente potencial de censura en nuestro país, así como para la generación de temas –favorables a los que pagan– en la agenda de los medios. Y ahí, ¿quién tira la primera piedra: quien retira su publicidad o quien altera su línea editorial para no perder anunciantes?

O bien, cuando un medio difunde información tendenciosa o incompleta e impide a las instituciones aclarar en los mismos espacios y horarios... ¿a quién pueden recurrir las oficinas de comunicación social para reclamar ese derecho? A nadie. Eso también es censura... e impunidad.

Me gustas cuando callas

En la otra cara de la moneda, pareciera que las oficinas que centralizan las decisiones de comunicación gubernamental tuvieran como máxima el famoso verso del gran poeta chileno. So pretexto de que durante el sexenio pasado hubo un gran descontrol en la información que emitía el gobierno federal, ahora muchas oficinas de comunicación social se encuentran limitadas en su actuar.

Qué bueno que haya más orden, pero qué importante sería que todas las instituciones pudieran comunicar, día con día y sin pedir tantos permisos –o sea, con oportunidad– los servicios que prestan –por ley– a la ciudadanía.

Existen numerosos organismos desconcentrados que, aunque cuentan con una oficina de comunicación social, se quejan amargamente de que no pueden buscar canales para expresarse debido a que sus “cabezas de sector” tienen otras prioridades. Los vacíos informativos dan lugar a rumores y eso hace más vulnerable a cualquier institución.

En los ejemplos citados hay grupos de poder y hay límites a la libertad de expresión (o a la obligación de informar). Las verdaderas víctimas somos los ciudadanos, quienes cada vez estamos más miopes por el antifaz que se cierne sobre nuestros ojos, y del que ni cuenta nos damos.

Ojalá quienes tienen el poder de censura entiendan que, a la larga, es mejor negocio y más rentable políticamente la apertu-ra informativa y no seguir clamando por la confiable y aburrida “voz en el desierto”, totalmente autoritaria.

Este articulo fue tomado de la revista virtual etcétera y puede ser vista en el siguiente link:

http://www.etcetera.com.mx/pag10ne88.asp